Luego de varios días de conflicto que afectó la operatoria de los principales puertos del país, el Gobierno nacional y los prácticos alcanzaron un acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza y reanudar gradualmente las operaciones de comercio exterior.

La actividad portuaria comienza a recuperar la normalidad luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los representantes del sector de practicaje y pilotaje, que puso fin al paro iniciado tras la publicación del Decreto 690/2026.

Durante la medida de fuerza, más de 140 buques quedaron sin poder ingresar o salir de los puertos argentinos, generando demoras en exportaciones, importaciones y en la cadena logística vinculada al comercio exterior. La situación afectó especialmente el movimiento de granos, combustibles y otras cargas estratégicas para la economía del país.

El conflicto surgió a partir de la implementación del nuevo régimen para el servicio de practicaje, impulsado por el Gobierno con el objetivo de desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir costos logísticos. Desde el sector, en cambio, manifestaron preocupación por el posible impacto de las modificaciones sobre la seguridad de la navegación.

Finalmente, las partes alcanzaron un entendimiento que contempla la suspensión de la aplicación del decreto, una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la conformación de una mesa de diálogo para revisar la normativa. Tras el acuerdo, los prácticos retomaron sus tareas y comenzó el proceso de normalización de la operatoria en los puertos argentinos.

Si bien la actividad volverá progresivamente a su ritmo habitual, el episodio pone de manifiesto la importancia que tiene cada eslabón de la cadena logística para el comercio exterior. Las interrupciones en los servicios portuarios pueden generar demoras operativas, costos adicionales y la necesidad de reprogramar embarques y entregas.

En este contexto, contar con una adecuada planificación logística y un seguimiento permanente de las operaciones resulta clave para minimizar el impacto de situaciones extraordinarias y garantizar la continuidad de las operaciones internacionales.